La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, expresó que se necesitan 10 fiscales más para atender los casos de violencia de género. Admitió que hoy es insuficiente el acompañamiento que se brinda a las víctimas, por lo que no solo faltan más fiscales, sino también más psicólogos y asistentes sociales, para garantizar la protección y seguridad de las personas que acuden al sistema judicial en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, instó a los legisladores a no recortar el presupuesto de la institución, que asciende a 671 mil millones de guaraníes y de ser posible, reponer los recortes de años anteriores, que suman 51mil millones de guaraníes, a modo de poder reforzar el plantel humano y dotar de mayor cantidad de equipamiento a las unidades.
La fiscal general del Estado dijo que mientras siga aumentando el índice delictivo, el Ministerio Público podría verse obligado a cerrar sedes fiscales en Itapúa, Alto Paraná, Alto Paraguay, Concepción y Canindeyú, por falta de presupuesto.