Esta mañana en conferencia de prensa, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Procuraduría General de la República y el Instituto Paraguayo del Indígena formularon denuncia ante el Ministerio Público para la apertura de una investigación penal sobre la utilización de niños y niñas en actividades criminales, por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, comentó que los hechos punibles que se configurarían dentro de las acciones del grupo criminal, podrían ser: trata de personas con fines de trabajo forzoso, traslado ilícito de niños de un país a otro, sustitución de identidad y captación para trabajo forzoso de indígenas. «Ningún niño tiene que estar en poder de un grupo criminal. Abogamos porque estos niños sean devueltos a la sociedad y que puedan llevar una vida como la de cualquier niño«, manifestó.
Esta denuncia penal se formula luego de que se hallaran en el campamento de Yby Yaú, varios videos que probarían el reclutamiento de menores de edad por parte del EPP, además de la muerte de dos niñas durante el operativo llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el norte del país.
En cuanto al fallecimiento de ambas menores, la ministra Teresa Martínez sostuvo que la FTC actuó dentro de sus facultades, por lo que no califica como homicidio lo sucedido.
Sergio Coscia, procurador general de la República, manifestó por su parte que la fuerza pública actuó en defensa propia. Sostuvo además que la idea del Gobierno es colaborar en todas las instancias, a fin de que se esclarezcan los hechos e intentar recuperar a los menores, que se encuentran en los campamentos militares.
