Pacientes con Covid-19 recurren a amparos judiciales para poder adquirir camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en hospitales privados o públicos, mientras que por otro lado, quienes están internados en UTI en centros asistenciales privados, exigen a Salud la cobertura de gastos.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud recibe por día hasta tres amparos judiciales. Hasta la fecha suman 150 en total: 50 pertenecen a pacientes que requieren de internación y los restantes son de pacientes que se encuentran hospitalizados en el sector privado sin la posibilidad de correr con los gastos y exigen la cobertura total a la cartera sanitaria.
El director Osmar Valdez expuso que esta no es la vía correspondiente para acceder a los pedidos, ya que son cuestiones patrimoniales que no pueden abordarse en amparos.
“Nosotros sostenemos que estas son cuestiones patrimoniales que no se pueden discutir en un juicio de amparo, entonces hay otra vía que es la ordinaria, más lenta, pero permite mayor discusión sobre el control efectivo de medicamentos y servicios prestados”, aseguró.
“En este juicio de amparo breve no se puede discutir el monto o cantidad de deuda que se asumió ampliamente. No hay previa auditoria de esos gastos, eso sostenemos en el juicio, pero a veces algunos jueces consideran que no están acreditados los amparos y rechazan. En este caso decidimos apelar”, manifestó.
Valdez aseveró que el medio por el cual se debe recurrir para la cobertura de gastos es la ley 6.725 “Fondo Nacional UTI”, que establece un monto de hasta G. 13 millones por día en términos de gastos.
