Este viernes, la agente fiscal Liliana Alcaraz, delegada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezó varios allanamientos en el marco de las investigaciones de megafacturas que involucra a 17 municipios y a una gobernación.
Una de las viviendas allanadas en la ciudad de Itá pertenece a un familiar de Cristino Jara, quien es sindicado como el megaproveedor del Estado. El hombre es representante de la Consultora San Miguel, una de las firmas involucradas en el esquema de facturación.
Durante el procedimiento, los investigadores incautaron varios documentos que serán analizados y contrastados por peritos auditores a fin de respaldar las sospechas que maneja la Fiscalía.
«Estamos llevando gran cantidad de documentos relativos a la contabilidad del señor Cristino, a la empresa que representa y la que contrata con diversas instituciones públicas», mencionó la agente fiscal Alcaraz.
De acuerdo con la investigación, la red implicada habría emitido unas 1.600 facturas falsas que totalizan un monto aproximado de 170.000 millones de guaraníes.
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, había dicho en conferencia de prensa que una sola empresa facturó a 17 municipios y a una gobernación por obras que, supuestamente no existen, por un monto aproximado de 57.000 millones, utilizando facturas falsas.
