Esta noche en el programa 30+ se expuso la Auditoría realizada en Petropar, en la era de Mario Abdo Benítez, donde hallaron casos que podrían tener relevancia penal.
De acuerdo con el informe, estos casos serían específicamente tres: el Acuerdo Transaccional sobre la Licitación Pública Nacional N°10/13 “Adquisición de tanques subterráneos de combustibles”; el Contrato N°1544/21 Concret-Mix “Servicio de construcción de la sala de inducción y mantenimiento de obras civiles en la Planta de Villa Elisa”; y el Contrato N°52/22 Alfa &Omega “Construcción de calle corta fuego”.
En julio del 2013, Petropar adjudicó a la empresa ENGINEERING S.A. por G. 7.252 millones (equivalentes a 140 tanques de combustibles), y entregó un anticipo de G.2.900 millones. En contrapartida, la firma proveyó tanques por valor de G. 831 millones (equivalentes a 21 tanques), quedando un remanente a favor de Petropar de unos G. 2.069 millones, según la investigación.
En septiembre de ese año, en plena ejecución el contrato, Contrataciones Públicas hizo lugar a la protesta promovida por la firma Cabipal Metalmek SA y anuló la adjudicación a Engineering SA y, por ende, el contrato firmado con Petropar quedó sin efecto, debiendo procederse a la restitución del anticipo entregado. Sin embargo, la firma Engineering se negó a devolver el saldo del anticipo reclamado por Petropar, por lo que en marzo del 2014 la estatal exigió a la firma Aseguradora el Comercio Paraguayo SA, la ejecución de la póliza, según el informe presentado por el programa 30+.
Por su parte, el mencionado informe reveló que la firma Engineering demandó por daños y perjuicios a Petropar y por sentencia del 9 de mayo del 2019, la Justicia hizo lugar a la demanda que condenó a Petropar al pago de unos G. 3.144 millones, más los intereses por el 97,5% de la demanda (otros G. 3.066 millones), con lo que totaliza la suma de G. 6.210 millones. De esta forma, el perjuicio total ocasionado asciende aproximadamente a G. 9.110 millones (unos US$ 1.239.455 al tipo de cambio actual).
OBRAS EN PLANTA DE VILLA ELISA
Otro caso que expuso el programa 30+ fue el que data de noviembre del 2021, donde Petropar adjudicó a la empresa Concret Mix por G. 10.000 millones para una sala de inducción y mantenimiento de obras civiles en la planta de Villa Elisa. El contrato tuvo una ejecución del 91% por un valor de 9.066 millones, quedando un saldo de G. 933 millones.
Según la investigación, mediante la auditoría se pudieron hacer varias observaciones en la ejecución de este contrato, como por ejemplo que el proyecto contemplaba la reforma edilicia en Villa Elisa, pero según fotos anexadas al legado de los trabajos hechos en realidad correspondían a las obras realizadas en la Expo Mariano Roque Alonso en el 2022 por valor de G. 209 millones.
También para sustentar la ejecución de los trabajos, se incluyeron obras que no correspondían a Villa Elisa, como el paisajismo hecho en una estación de servicio de Salto del Guairá (por G. 35 millones), un baño de una gasolinera en San Juan Bautista (por G. 176 millones), una reparación de un piso en otra estación de servicio (por G. 20 millones), y una obra en la Asociación de Empleados de Petropar (por G. 1.402 millones), indicó el informe.
Conforme a los datos, se hicieron pagos duplicados de un mismo certificado de obra, pero con diferentes números (por G. 65 millones), y se duplicaron órdenes de pagos millonarios en el sistema de Petropar sobre los ítems que ya habían sido pagados con anterioridad, por lo que existía el riesgo de un doble desembolso y por ello se solicitó ahora la anulación. Además se calcularon mal las multas por retrasos del proveedor (dejando de percibir G. 85 millones); se hallaron legajos sin orden de trabajo y otras desprolijidades administrativas, por lo que la auditoría recomendó recertificar los trabajos y que Asesoría Jurídica evalúe el caso.
CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO
Otro caso del mal manejo, según el informe, data de noviembre del 2021, cuando Petropar adjudicó por G. 12.348 millones a la empresa Alfa y Omega para la construcción de una calle corta fuego, cuya entrega inicial estaba prevista para junio del 2023, pero fue prorrogada a agosto de este año.
La investigación reveló que de la obra ya se pagó G. 11.268 millones y como la empresa solicitaba otro pago de 1.338 millones, la nueva administración de Petropar contrató un perito informático para verificar los trabajos hechos, arrojando como resultado la falta de intervención de 950 metros lineales, y la existencia de terminaciones pendientes de las obras ejecutadas.
En julio pasado, Contrataciones Públicas inició la revisión del contrato y realizó la medición in situ de los trabajos, cuyo informe aún no fue dado a conocer.
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