Un fuerte cuestionamiento se alza desde el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ante la reciente deforestación de 52 hectáreas de bosque regenerado en la localidad de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú.
Alerta por deforestación de 52 hectáreas de bosque regenerado. Foto: gentileza
El director general de Biodiversidad del MADES, Darío Mandelburger, advirtió sobre posibles irregularidades en la aprobación de un proyecto urbanístico que habría arrasado con un área de alto valor ecológico.
“Si bien la Ley de Deforestación Cero permite el desarrollo urbanístico, acá hay que tener en cuenta varios procesos que se tienen que analizar si se han cumplido”, señaló.
Reconoció además que el ministerio tiene una cuota de responsabilidad al haber dado luz verde al emprendimiento, por lo que se investigará si hubo fallos en los procedimientos de evaluación ambiental.
“Hay una responsabilidad del MADES en la aprobación del proyecto como un desarrollo urbanístico y la contemplación de delitos ambientales”, agregó.
Mandelburger no descartó que la intervención tenga consecuencias legales, porque evidentemente existen varias irregularidades en el proyecto.
“Hay muchos elementos que convergen a decir: bueno, acá hay un efecto negativo y puede considerarse como delito”, subrayó.
Las organizaciones ambientalistas ya han pedido una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables, mientras la ciudadanía reclama más control en zonas vulnerables a la expansión inmobiliaria.
