En el marco de la investigación por el derrumbe de un edificio en construcción en Encarnación, ocurrido en abril pasado y que dejó como saldo dos víctimas fatales, los agentes fiscales Éver Williams, Rocío Valdez y Francisco Martínez, imputaron al intendente Luis Yd y a otras cinco personas.
El derrumbe del edificio ocurrió en abril pasado y dejó como saldo dos víctimas fatales. Foto: Archivo
Según señaló en conferencia de prensa el fiscal Éver Williams, el jefe comunal afrontará cargos por los presuntos hechos punibles de homicidio culposo (en calidad de autor) y actividades peligrosas en la construcción (en calidad de cómplice).
Desde la Fiscalía indicaron que existe responsabilidad compartida en la tragedia entre la empresa constructora y el municipio administrado por Yd; esto en vista a la aprobación de planos y falta de controles posteriores.
“La Fiscalía cuenta con sospechas suficientes referente a la participación del jefe comunal y de los otros ciudadanos (imputados)», expresó Williams.
“A la intendencia municipal le atribuimos la omisión de controlar las cuestiones documentales referentes a la obra. La municipalidad omitió corroborar que los proyectos tengan las firmas de los responsables pertinentes; también omitió realizar las inspecciones”, puntualizó el fiscal.
Según detalló, las otras personas imputadas por los mismos hechos punibles son: René Miglio, director de Obras de la comuna encarnacena; los arquitectos Mario Bruno Urbina y Roberto Faustino Ramírez; la propietaria del edificio derrumbado, Teresa Bogado Benítez, y el capataz Montiel Cabral, este último fue quien autorizó el ingreso de las víctimas fatales al recinto.
Luis Yd afrontará cargos por homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción. Foto: Redes
Por otra parte, el representante del Ministerio Público señaló el edificio derrumbado tenía planos aprobados solo para 5 pisos. Sin embargo, cuando colapsó se constató que tenía ocho pisos; es decir, tres por encima de lo aprobado.
“Inicialmente, el proyecto hablaba de 5 pisos, se amplió más del 50% de la carga inicial y no sufrió una modificación estructural”, enfatizó.
Sobre la participación del capataz, indicó que esta persona autorizó el ingreso de las víctimas a pesar de que el lugar restringía el ingreso de personas extrañas. “Él permitió el acceso a personas extrañas en un lugar peligroso, teniendo en cuenta que el edificio se encontraba en pleno proceso de ejecución”, dijo.
Finalmente, Williams mencionó que el equipo fiscal solicitó al Juzgado un plazo de seis meses para continuar con la investigación y manifestó que los involucrados se exponen a una pena de hasta cinco años de prisión.
Antecedentes del caso:
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Resultaron víctimas fatales una mujer de 51 años, identificada como Hermelinda Báez, y su nieta, una adolescente de 15 años, quienes tenían un pequeño puesto de ventas de remedios refrescantes y minutas en inmediaciones del edificio.
Aquella ocasión, la mujer y su nieta habían solicitado al capataz el ingreso al edificio para pasar la noche, ya que había caído una fuerte tormenta y no tenían la forma de retornar a su vivienda.
Es así que el capataz le preparó una de las habitaciones utilizadas como depósito y salió a realizar su ronda de control.
Minutos después, el edificio se vino abajo y las mujeres quedaron atrapadas entre los escombros. Luego de varias horas de intenso trabajo, los equipos de rescate lograron localizar los cuerpos de abuela y nieta. Este hecho generó un profundo impacto y gran conmoción en todo el país.
