El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Rubén Ramírez, brindó este lunes una conferencia de prensa para dar a conocer los avances del proceso iniciado dentro de la comuna, el pasado 23 de junio.
Rubén Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Captura de video
Según señaló, el trabajo se desarrolla en dos frentes: la verificación de los hechos que motivaron la intervención y la conducción operativa de la institución en materia administrativa y presupuestaria.
Ramírez detalló que, desde el inicio de la intervención, se realizaron 220 requerimientos documentales claves para esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la comuna.
A la fecha, el interventor indicó que solo fueron entregados 160 documentos; mientras que los restantes permanecen sin respuesta.
Igualmente, indicó que varios respaldos que deberían estar disponibles conforme a las normativas de la administración pública no se encuentran en las dependencias correspondientes, según reconocieron los propios responsables de área.
En ese sentido, Ramírez fue claro al señalar que esto no se trata de simples omisiones, sino de una conducta sistemática de desorden institucional que compromete la trazabilidad de los recursos municipales.
Sin embargo, fue claro al decir que esta situación no frenará el avance del proceso de intervención, que se lleva adelante bajo mandato constitucional.
Gestión administrativa:
Ramírez indicó que uno de los primeros logros fue la regularización del pago de salarios.
Según detalló, al momento de la intervención, solo el 40% de los funcionarios municipales había cobrado el salario de mayo.
Actualmente, el 99% ya recibió su salario, alcanzando una carga salarial total de G. 8.790 millones para 1.341 trabajadores.
El interventor resaltó que, en el marco del proceso, también se reactivó el seguro médico y se introdujeron ajustes mínimos en las direcciones municipales para garantizar la operatividad institucional.
Igualmente, enfatizó que todos los cargos de dirección quedaron bajo evaluación periódica de desempeño, conforme a estándares de gestión pública.
En cuanto a la gestión de personal, manifestó que se estableció por primera vez la marcación obligatoria mediante relojes biométricos, medida que apunta a mejorar el control de asistencia y transparencia en el uso de los recursos humanos.
Además, informó que se normalizó el proceso de renovación de contratos, que venía retrasado por falta de gestión y cambios de firmantes.
Contratos adjudicados poco antes de la intervención
Ramírez indicó que uno de los datos que más llama la atención es el volumen inusual de contratos adjudicados poco antes de la intervención.
En ese sentido, dijo que solo entre el 27 de mayo al 18 de junio se adjudicaron contratos por más de G. 30.257 millones.
Al cierre del primer semestre de 2025, el monto total adjudicado ascendió a G. 30.776 millones, duplicando lo ejecutado en el mismo periodo del 2024 (G. 16.470 millones) y cuadruplicando lo adjudicado en 2023 (G. 7.038 millones) y 2022 (G. 7.355 millones).
El interventor detalló que estos contratos no son plurianuales, por lo que deberán ejecutarse en su totalidad dentro del presente ejercicio fiscal. Además, subrayó que ya se realizaron pagos anticipados por más de G. 4.100 millones.
Ante esta situación, el interventor anunció que se abrirán investigaciones para esclarecer quiénes fueron los proveedores beneficiados, qué urgencia justificó estas adjudicaciones aceleradas y si existen vínculos con funcionarios de la administración anterior.
“La transparencia no es una opción, es una obligación. Vamos a seguir informando permanentemente a la ciudadanía, porque creemos en un diálogo sincero y frontal con los pobladores de esta hermosa y pujante Ciudad del Este”, aseveró Ramírez.
