El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, se refirió a los documentos presentados por el expresidente Mario Abdo en su declaración jurada.
Contraloría recalca que irregularidades en declaración jurada de Abdo. Foto: gentileza
Torres negó que la institución esté siendo utilizada como un instrumento de persecución política contra el exmandatario y afirmó que sí se constataron inconcurrencias dentro de ellas.
Explicó que el análisis a las empresas Aldia S.A. y Createc S.A., vinculadas al exmandatario, fue un examen técnico y no una denuncia formal, y que los hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público a pedido de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para su investigación.
“Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, afirmó Torres.
Recalcó que se detectaron irregularidades entre 2020 y 2022, como la asignación del 90 % de las ganancias (G. 292.000 millones) a reservas operativas sin respaldo documental, y una inversión de G. 40.000 millones en 2023, sin justificar su origen.
Aseguró que, mientras no cuenten con los documentos que respalden los movimientos, no podrán determinar si existe irregularidad y qué se debe de investigar con profundidad.
Recordemos que, al ser remitido el informe al Ministerio Público, la Contraloría se vio imposibilitada de concluir el estudio de las declaraciones del exmandatario, por lo que Torres recalcó la importancia de dar por finalizado el proceso.
“Antes de tener estos datos, no vamos a poder concluir el examen de correspondencia. Sería importante poder profundizar. Si está todo justificado, entonces excelente”, señaló.
A todas estas irregularidades se suma la reciente denuncia del medio argentino PeriodismoyPunto, basada en una filtración confidencial, que vincula a Abdo Benítez y su esposa con cuentas bancarias en islas Seychelles por un total de USD 21 millones.
