En el caso mafia de los pagarés, el Ministerio Público formuló imputación contra varios jueces, abogados y funcionarios judiciales que formaron parte del esquema de estafa que sigue perjudicando a muchas personas.

Fiscalía acusó a jueces, abogados y otros por la mafia de los pagarés. Foto: captura
La acusación fue presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios, ujieres, notificadores, oficiales de justicia y abogados, representantes de empresas de cobranzas.
Todos ellos estarían involucrados en los embargos judiciales que sufrieron muchas personas por el conocido caso y habrían facilitado los trámites para dar continuidad a la demanda.
La acusación abarca a Juzgados de Paz de la Recoleta, la Catedral segundo turno, la Encarnación y San Roque, por la comisión de hechos punibles ocurridos en el marco de procesos judiciales.
Calificación de los hechos
Jurídicamente, fueron acusados jueces y exjueces por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autor.
Abogados que representaban empresas de cobranzas por hechos punibles de instigadores de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autor.
Mientras que los ujieres notificadores fueron acusados por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores, y cómplices de prevaricato
Los actuarios judiciales fueron acusados por uso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores; y prevaricato, también como cómplices de esos hechos punibles.
Por su parte, los oficiales de justicia fueron acusados por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores.
Según la acusación los representantes legales de empresas de cobranzas presentaron informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos, sin que los demandados tengan conocimeitno del hecho.
Esto derivó a que los jueces emitan resoluciones contrarias al derecho, beneficiando a las partes actoras y perjudicando a varias personas que pagan millones de guaraníes por deudas inexistentes o finiquitadas.