El día lunes, la Comisión Especial del Senado reveló datos alarmantes sobre la “Mafia de los pagarés”, el esquema de estafa y cobros judiciales que afectó a miles de personas, en su mayoría trabajadoras del interior del país.

Comisión Especial del Senado presenta informe sobre “mafia de los pagarés”. Foto: Senado

Al respecto, Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, señaló que los cerca de 6.000 casos analizados implican miles de trámites, pedidos de informes y atención a víctimas.

El senador aclaró que, si bien existen resultados parciales, no todos los casos presentan irregularidades. “La problemática afecta en gran medida a mujeres, maestros y maestras”, reveló.

Indicó además que solo el 13% de las personas afectadas reside en Asunción; mientras que el 87% proviene del interior del país. Sin embargo, la mayoría de los juicios se concentra en el área metropolitana, lo que dificulta enormemente la defensa de quienes viven lejos de la capital.

“Estamos hablando de centenares de millones de dólares embargados; es un esquema que impide que las personas puedan defenderse”, enfatizó.

En otra línea, Filizzola explicó que el 64,3% de los afectados pertenece al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), entre ellos docentes y maestros indígenas.

También hay trabajadores del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Previsión Social (IPS), del Hospital de Clínicas, del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional.

El titular de la Comisión sostuvo que las personas del interior del país se encuentran en total indefensión, ya que deben litigar en Asunción sin contar con recursos económicos, lo que facilita que las empresas ganen los juicios.

En ese sentido, Filizzola sostuvo que la “mafia de los pagarés” se trata de un entramado donde intervienen empresas, instituciones públicas y el Poder Judicial, que, pese a la voluntad de actuar, carece de suficiente personal para atender la magnitud del problema.

Principales hallazgos

La Comisión del Senado explicó que la problemática tiene dos vertientes: los embargos judiciales y los descuentos automáticos, que generalmente actúan de manera conjunta.

El senador Filizzola señaló que no se verifican los documentos respaldatorios y que, en muchos casos, las víctimas firman más de una autorización, lo que permite múltiples descuentos por la misma deuda. También se les hace firmar más de un pagaré, generando duplicaciones.

De acuerdo a lo informado, los descuentos se realizan a través de asociaciones, instituciones públicas y el BNF, y los pagarés no son devueltos a los afectados.

Tampoco existe un control riguroso de los descuentos efectuados, lo que vulnera completamente el derecho de las personas a disponer de su salario. “Usan al Estado como cobrador”, denunció Filizzola, mencionando además otras modalidades de estafa.

Presentarán denuncia penal

Entre los avances, el parlamentario citó la ampliación de juzgados de paz y nuevas reglamentaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para mejorar el tratamiento de los casos.

También destacó el desistimiento de demandas por parte de empresas acreedoras al revelarse irregularidades, la devolución de dinero cobrado de forma abusiva y el levantamiento de embargos ilegítimos, así como avances legislativos en curso.

Finalmente, advirtió sobre un “obstáculo mayor” relacionado con el BNF y una empresa privada que habría instruido embargos de manera irregular.

En ese sentido, anunció que la Comisión está preparando una denuncia penal contra el banco estatal y las empresas cómplices, como parte de las acciones para garantizar justicia y transparencia.

“Este es un esquema grande que destruye demasiadas vidas y familias. Si queremos resolver este problema, además de las reformas legales en curso, debe existir un fuerte compromiso de todos nosotros y de la Cámara de Diputados”, sentenció.