Centurión aseguró que con la reforma generarán mejores condiciones para los trabajadores del sector y además promete transformar la experiencia de movilidad en el área metropolitana.
Aclaran que la reforma del transporte público no afectará derechos laborales. Foto: archivo MOPC
“Hay que apostar por un nuevo modelo que no toca ningún derecho laboral adquirido y que otorga mejores condiciones laborales ante un sistema que está permitido, fracasado”, expresó Centurión.
Refirió que la modernización se concibe como un proceso progresivo que incluirá la incorporación de nuevas unidades desde 2026, con el objetivo de ofrecer viajes más seguros, rápidos y confiables.
“La modernización del transporte tiene que ir evolucionando progresivamente, así como las ciudades y la sociedad. La gente podrá ver los resultados de aquí a un año, ya que tenemos planeado ir incorporando flotas que se adquieran en el primer semestre”, añadió.
Uno de los aspectos más debatidos es la declaración del transporte como servicio imprescindible, lo que impondrá un servicio mínimo del 60 % en caso de huelga, con lo que no están de acuerdo los choferes y confirma una huelga como protesta a la medida.
“Estamos convencidos de que el servicio del transporte es imprescindible, justamente porque garantiza el acceso a otros servicios definidos en la Constitución Nacional. Acá hay que garantizar al ciudadano el servicio y romper esta amenaza constante de huelgas y extorsión al Estado”, apuntó la ministra.
Otro de los puntos resaltantes es que la reforma obliga a que los nuevos operadores mantengan a los trabajadores con más de dos años de antigüedad, eliminando evaluaciones de idoneidad que antes podían generar incertidumbre laboral.
“Nosotros queremos hacer el cambio con empresarios y trabajadores que estén dispuestos a las nuevas reglas. Vamos a mejorar incluso las condiciones laborales de los trabajadores, se volverá un sistema más eficiente”, recalcó.
La iniciativa también contempla un modelo más sostenible mediante un fideicomiso administrado por la AFD, que centralizará los recursos y permitirá financiar la renovación tecnológica del sistema.
