El ministro sustituto, Oscar Llamosas, dijo que la norma presenta muchas contradicciones y conceptos ambiguos que podrían complicar su financiamiento. Mencionó por ejemplo, que se sustituyó el término «pobreza» por «situación de vulnerabilidad», que no especifica de forma clara a quiénes va dirigido; además, se habla de la aplicación gradual de la ley a partir del segundo semestre del 2020, pero también habla de un registro automático que obliga a la incorporación del beneficiario en 30 días.
Sobre los montos, Llamosas mencionó que de acuerdo al último censo, unos 400.000 adultos mayores no tienen jubilación y actualmente los beneficiarios son más de 198.000. Consideran que si se duplica la cantidad, la erogación anual al Estado pasaría de US$ 200 a US$ 400 millones.
La nueva ley incorpora otras exigencias tales como, el medio pasaje en el transporte público sin medir el impacto que podría tener en el costo final del pasaje, o la entrada gratuita en eventos deportivos sin especificar el órgano de control.
El ministro sustituto adelantó que el primer paso será, trabajar en el decreto reglamentario para tratar de cubrir todos estos espacios no previstos en el texto legislativo; no obstante, subrayó que los abogados del Tesoro, también analizarán si jurídicamente es viable o requerirá alguna modificación o en última instancia, una acción de inconstitucionalidad.
