Según Elvio Brizuela, titular de la Dirección de Empresas Públicas, admitió que según un estudio realizado, el 70% de los funcionarios públicos ingresó a las instituciones sin un concurso previo. Indicó que existen mecanismos para eludir los concursos de ingreso a las instituciones públicas, en violación directa a la ley número 1.626 “De la Función Pública”, mediante los contratos de 6 meses que se renuevan cada vez que vencen y los cargos de confianza.
Manifestó además que otro de los problemas con que se han encontrado con respecto a los millonarios beneficios de los funcionarios públicos, es que los contratos colectivos, en varios casos, fueron establecidos por gente que era funcionaria de la propia empresa, lo que creaba un conflicto de intereses y no hacía posible que exista la objetividad necesaria. Es decir, eran “juez y parte” y en muchos casos estos contratos son muy antiguos.
Una forma de tratar de subsanar esta cuestión es, según comentó Brizuela, el planteamiento del “ejercicio de propiedad”. O sea, que los responsables de las empresas públicas se conviertan en administradores, pero no ejerzan el rol de propietario. Entonces,la relación patronal-obrero tenía que darse entre el que ejerce el rol de propietario.
“Yo creo que también ellos deben ser conscientes de que hay beneficios que son excesivos”
Brizuela reconoció que algunos beneficios son justos, sin embargo, otros sí son excesivos. Manifestó que existe mucha desigualdad entre una empresa y otra. Citó como ejemplo el caso de los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Indicó que actualmente pagan solo el 50% de su consumo por energía eléctrica, una práctica que se perpetuó con muchos presidentes que pasaron por la institución, y que sus autoridades se negaron a sacar, porque consideraban que sería un foco de conflicto.
El titular de la Dirección de Empresas Públicas, sostuvo que la intención del Gobierno es conversar sobre la “razonabilidad de ciertos beneficios”, escuchar las inquietudes de los funcionarios y también manifestar sus propias ideas.
Además, garantizó que la norma no busca eliminar los beneficios, sino topearlos, es decir, establecer los montos. “Si el beneficio que estoy pagando es 100, pero por una cuestión presupuestaria me permite pagar 80. ¿Qué ilegales estamos siendo en el cumplimiento del contrato colectivo?, se preguntó.
Sindicatos se manifiestan en contra del recorte de beneficios
Funcionarios públicos de varias entidades se manifestaron este lunes pasado para solicitar al ministro de Hacienda, que respete los contratos colectivos de las distintas instituciones y no eliminen los beneficios que poseen.
El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que el recorte que pretenden realizar es legal y necesario para poder racionalizar el gasto público. Lo que buscan es ahorrar alrededor de 75 millones de dólares.
Los sindicalistas exigen la derogación de este decreto y la destitución de Benigno López.
