Esta noche en otra emisión del programa 30+, conducido por Jorge Torres, a través de un informe extraídó del programa La Caja Negra, se reveló que el Ministerio Público presentó imputaciones contra Mario Abdo Benítez y su círculo cercano por un supuesto montaje ilegal de un equipo de investigación paraestatal destinado a perseguir a sus opositores.
Abdo y su camarilla fueron imputados por montar equipo ilegal de investigación. Foto: Gentileza.
El informe presenta que una de las situaciones que fácilmente puede corroborarse, tan solo recurriendo al archivo, es la acusación realizada por el entonces presidente de la República y también candidato a presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Benítez, quien tuvo acceso al informe confidencial de la Seprelad y expuso parte de su contenido durante un discurso político, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma TABESA pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la SEPRELAD, a cambio de su silencio.
Por otra parte menciona que, Mauricio Espínola, secretario privado adjunto del ex presidente, reveló en redes sociales salarios confidenciales de un candidato presidencial. Los implicados, incluyendo Carlos Arregui, ex ministro de la Seprelad, fueron señalados como responsables de filtrar información sensible a medios afines al gobierno anterior para atacar a sus adversarios políticos. .
Según la Fiscalía, fueron responsables de dicha filtración los entonces ministros de Seprelad, Carlos Arregui, y del Interior, Arnaldo Giuzzio, quienes habrían proporcionado a la prensa amiga los datos para atacar al enemigo político de su jefe Mario Abdo Benítez.
Por último, la investigación asegura que los implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad como garrote político durante la administración anterior no pueden refutar los datos públicos que fueron presenciados por todos, y ahora deben afrontar las consecuencias legales de sus reprochables actos, al utilizar una institución tan importante como mero garrote político, socavando así la confianza en las instituciones gubernamentales y en la capacidad del Estado para proteger la información sensible de los ciudadanos.
