El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
Actualmente genera controversia a nivel local entre organizaciones no gubernamentales abocadas a la protección del medioambiente y gremios empresariales de diversos sectores, ya que Paraguay debe decidir si se adhiere o no a dicha norma.
Este acuerdo establece básicamente:
– El derecho del público de acceder a la información ambiental relativa al estado del medio ambiente, zonas contaminadas (por tipo de contaminante y localización), conservación de los recursos naturales, operaciones de entidades privadas y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente, entre otros.
– Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud o a grupos vulnerables, como los pueblos originarios, por ejemplo.
– El acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en el marco de la legislación nacional, sobre cualquier decisión, acción u omisión que atente contra el acceso a la información, la participación pública o que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas vigentes.
– Garantías de un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
El 2 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo retiró el Acuerdo de Escazú de la Cámara de Senadores, bajo el argumento de que debía socializarlo con los distintos sectores de la sociedad civil. A la fecha, el documento no fue reenviado al Congreso Nacional para su ratificación.
