Con el inicio de la cuarentena inteligente, la ministra de Trabajo había destacado ampliamente que 70.000 trabajadores retornaron a sus puestos de trabajo, pero las declaraciones generaron polémica, pues no mencionó que, en contrapartida, existen 50.000 nuevas solicitudes de suspensión.
Tras las declaraciones de Bacigalupo, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, fue quien informó sobre las nuevas solicitudes de suspensión, contrastando con el informe de la cartera estatal de Trabajo y desatando un desacuerdo comunicacional.
Al respecto, el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, señaló que “ambas informaciones son veraces y fidedignas, pero son informaciones diferentes. El error está en contrastar las mismas y compararlas. Son tiempos y etapas diferentes”.
Por este motivo, se buscó un acuerdo entre ambas instituciones, para evitar futuros desencuentros comunicacionales, e indicaron que la cartera de Estado se encargará de informar sobre las suspensiones de contratos de trabajadores y el IPS solo informará sobre el pago de los subsidios.
Por otra parte, recordaron a los empleadores que el pedido de levantamiento de la suspensión debe a tramitarse también en el Ministerio de Trabajo.
