El día martes, el periodista Jorge Torres compartió en su programa “La Caja Negra”, emitido por Unicanal, el lapidario informe de auditoría en el Instituto de Previsión Social (IPS), que revela cómo “esfumaron” el dinero de los asegurados durante la administración de Mario Abdo Benítez.
Alicia Olazar, directora de Auditoría Interna del IPS. Foto: Captura de video
Según dio a conocer el conductor con documentos respaldatorios, la Previsional enfrenta el mayor escándalo de corrupción en su historia con el desvío de G. 828 mil millones destinados a infraestructura hospitalaria durante la época de “Marito”.
La investigación señala que los fondos, administrados a través de un fideicomiso con el Banco Atlas de los Zuccolillo, debían financiar obras cruciales, incluyendo un hospital oncológico que nunca se construyó.
Los datos indican que Para el desembolso, la administración de Vicente Bataglia hizo figurar que el dinero fue invertido en centros de salud del interior del país; sin embargo, un lapidario informe de auditoría concluyó que las obras en realidad no existen.
Más sobre el informe de auditoría
El programa La Caja Negra accedió en exclusiva al documento que consta de 448 páginas y expone la corrupción del siglo durante la administración abdista.
El informe final de auditoría interna A.I. N° 58/2024 se centra en la verificación in situ de la ejecución de los certificados de obras relacionados con dos licitaciones: la N° 170/21 y la N° 65/19, que abarcan la reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimientos administrativos y de salud en el interior del país.
En el documento se detalla un conjunto de irregularidades, entre las que se destacan 21 hallazgos de obras fantasmas casi en su totalidad y otras 16 falencias estructurales por proyectos inconclusos. Los fondos desviados se destinaron a pagos injustificados, certificaciones de obras inexistentes y reparaciones ficticias en instalaciones de salud en todo el país.
La auditoría concluye con 23 indicios de hechos punibles que serán remitidos al Ministerio Público. Los hallazgos evidencian la comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y la malversación de fondos públicos, agravados por la falta de ejecución de las obras prometidas y el desvío del dinero de los asegurados.
Al respecto, Alicia Olazar, directora de Auditoría Interna del IPS, visitó los estudios del programa La Caja Negra para brindar más detalles del informe que termina desnudando el fraude más grande del IPS.
Según indicó, en el mes de febrero, el IPS realizó la denuncia ante el Ministerio tras tener conocimiento de las resultas de un informe elaborado por consultores externos sobre el contrato de fideicomiso.
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“Ese informe hecho por las consultoras arrojó irregularidades, que fueron ampliadas por la auditoría interna”, puntualizó Olazar, quien señaló que, posterior a ello, se realizó la verificación in situ de los certificados de obras.
En ese punto, mencionó que los auditores del IPS observaron zonas deterioradas y/o inconclusas en los distintos centros asistenciales del interior del país que, en la práctica, debían estar en óptimas condiciones.
Así mismo, la directora indicó que, tras verificar la ejecución efectiva de las obras que fueron abonadas con fondos de fideicomiso, se observó una diferencia de G. 1.690.321.642, entre los trabajos certificados y los trabajos realmente ejecutados.
“Para la emisión de las certificaciones, es necesario que el fiscal de obras se traslade al lugar a fin de verificar in situ la real ejecución de la obra para certificar el cumplimiento y de esa forma se pueda autorizar el pago correspondiente, pero nosotros solicitamos rendiciones de viáticos y no obtuvimos evidencia de que se hayan trasladado a esos lugares”, dijo.
«En las fechas en las cuales supuestamente estaban haciendo verificaciones se constata que marcaron asistencia en otra localidades, diferentes al lugar de las obras», añadió.
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💬»Lo que hacemos es exponer en forma objetiva en el informe, las observaciones, los hallazgos que se verificaron».
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Principales hallazgos:
El informe de auditoría especifica que estas diferencias se registraron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, por G. 280.819.500; en el Hospital Regional de Concepción, por G. 28.268.172; en el Hospital Regional de Encarnación, por G. 42.280.580 y en la Agencia Administrativa de Caaguazú, por G. 24.672.948.
Mismo panorama en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, por G. 17.001; en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, por G. 341.201 y en la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones, por G. 431.367.525.
Así también se notaron diferencias en la Agencia Administrativa de San Juan Bautista, por G. 53.786.813; en la Unidad Sanitaria de Colonia Independencia, por G. 23.865.440; en la Agencia Administrativa de Pilar, por G. 11.953.490 y en el Hospital Regional de Pilar, por G. 23.562.736.
También hubo diferencias en el Hospital Regional de Ayolas, por G. 377.581.731; en el Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, por G. 16.847.022 y en la Unidad Sanitaria de Hohenau, por G. 17.113.500.
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💬»1690 millones es el monto de las diferencias detectadas en nuestros hallazgos».
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La investigación indica que, para estas obras, el Banco Atlas autorizó los desembolsos de los fondos sin ningún control efectivo, violando la naturaleza del contrato de fideicomiso firmado en 2017 y modificado en 2018 que debía destinarse para la construcción de hospitales, como el Hospital Hemato-Oncológico que quedó en la nada.
Esta complicidad permitió la malversación de recursos destinados a la salud pública, afectando directamente la atención de los asegurados y jubilados del IPS, reveló el periodista Jorge Torres.
Finalmente, la directora de Auditoría señaló que el lapidario informe será remitido al Ministerio Público una vez que el Consejo de Administración de la Previsional así lo autorice y adelantó que próximamente saldrán a la luz nuevos informes de una serie de informalidades.
«Nuestra función es exponer en forma objetiva las observaciones y los hallazgos que se hicieron. Ya el Ministerio Público se encargará de determinar si constituyen hechos punitivos, ellos son los encargados», concluyó Olazar.
