En la mañana de hoy debía realizarse la sesión reservada en el Congreso Nacional, que fue convocada por la Comisión Permanente, donde abarcarían los avances de la investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Sin embargo, por falta de quórum, quedó sin efecto. Para la misma sesión fue convocado el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien decidió de igual manera presentar una nota donde expone los avances de la investigación.

Fiscal general presentó nota de los avances en la investigación sobre el Caso Pecci. Foto: Fiscalía.
En dicho documento mencionan que la causa cuenta con la apertura de un cuaderno de investigación nacional, la cual se debió a la declaración del condenado Francisco Correa Galeano en Colombia.
“Se constituyeron fiscales nacionales en Colombia en centros de reclusión para recibir los testimonios. El fallecimiento del mencionado condenado también ocurrió en Colombia (03-01-2025)”, expresó el documento.
Gestiones realizadas
En la nota también mencionan que las gestiones realizadas con sus pares de Colombia no tuvieron tanto éxito, por lo que la investigación se torna un poco dificultosa.
“Las gestiones intentadas con Colombia, que es la fuente de la información y el lugar donde aún se encuentran los elementos del crimen incautados, fueron infructuosas durante un año, y las dificultades persisten hoy día”, recalcó en la nota.
Agregaron que tanto el fiscal General como los otros investigadores se trasladaron hasta Colombia en varias ocasiones para seguir con el proceso de investigación.
“El fiscal general del Estado y otros agentes fiscales tuvieron que trasladarse a ese país en varias ocasiones para llevar a cabo las gestiones y actos de investigación, correspondientes”, afirmaron en el documento.
Además, sostuvieron se logró un Instrumento de Cooperación Técnica (ICT) para la constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia.
En dicho convenio estipulan la reserva absoluta de la información, dado que se trata de un acuerdo de carácter reservado, donde aseguran que la violación ocasionará la exclusión o terminación del ECI.