Una mujer de 57 años fue imputada por los presuntos hechos punibles de violación de la patria potestad y trata de personas con fines de servidumbre. La causa tiene como presunta víctima a una adolescente de 14 años.

El criadazgo es un flagelo que azota nuestro país. Foto: referencial IP

La fiscal a cargo de la investigación es Vivian Coronel, quien sostuvo en su acta de investigación que durante las vacaciones de invierno, específicamente entre el 1 y el 25 de julio de 2026, la imputada habría inducido mediante engaños a la adolescente para alejarla de la tutela de su madre. Posteriormente, la habría trasladado en una camioneta desde la ciudad de Caaguazú hasta su domicilio ubicado en el barrio Las Palmas, en el km 9 lado Acaray de Ciudad del Este.

De acuerdo con los datos, la víctima habría permanecido aproximadamente dos semanas en la vivienda señalada, donde presuntamente era obligada a realizar tareas y prestar servicios domésticos.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso mediante una denuncia presentada a través del Sistema de Atención Telefónica 147–Fono Ayuda y, posteriormente, dispuso la realización de una evaluación psicológica a la adolescente, quien además fue atendida por un médico forense.

Durante la asistencia psicológica, la afectada habría manifestado que escuchó una conversación en la que supuestamente se mencionaba la posibilidad de entregarla a otra persona, situación que habría motivado que abandonara el lugar y acudiera hasta la vivienda de un familiar para relatar lo ocurrido.

Asimismo, la Fiscalía llevó adelante diligencias investigativas, entre ellas el allanamiento del inmueble señalado, a fin de esclarecer supuestos episodios de maltrato físico y psicológico hacia la menor durante su permanencia en el lugar.

Como elementos de sospecha, se cuenta con el informe del Sistema de Atención Telefónica 147–Fono Ayuda, la nota del Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, el acta fiscal del allanamiento, el informe médico forense de la adolescente y el informe de asistencia psicológica.

La Fiscalía solicitó cuatro meses de tiempo para elaborar la conclusión de la investigación. Mientras tanto, se aguarda la respuesta del Juzgado sobre las medidas que se le impondrán a la imputada.