Con el documento se autoriza al Ministerio de Salud Pública, al Instituto de Previsión Social, al Hospital de Clínicas y demás instituciones públicas afectadas llevar a cabo contrataciones sobre bienes y servicios bajo el régimen de excepciones.
También se autoriza a las contrataciones de personal de salud, personal técnico y de apoyo que se consideren necesarios ante la epidemia de dengue por el plazo de vigencia de la presente ley. Igualmente, se dispone que los tres poderes del estado, Ministerio Público, gobiernos departamentales y municipales, Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional y toda dependencia pública colaboren con el Ministerio de Salud para la ejecución del plan de emergencia.
La ley también afecta al sector privado, en caso de que el Ministerio de Salud necesite disponer del servicio prestado de cualquier establecimiento de salud habilitado en el país.
El Departamento de Vigilancia Sanitaria confirmó 16 muertes por la enfermedad y otros 89 fallecimientos están bajo sospecha. En tanto, se reportan 85.290 notificaciones de casos sospechosos de dengue en las estadísticas de Salud, lo que causa la alerta.
Varios senadores y diputados mencionaron que, incluso, se sospecha de un subregistro de casos y que se estarían ocultando datos. Por su parte, el titular de la cartera, Julio Mazzoleni, consideró que la declaración era innecesaria aún y descartó que haya un subregistro de pacientes diagnosticados con dengue.
