El Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dio por terminadas las funciones y excluyó de la nómina de contratados del Ministerio Público a la Dra. Angelina Da Cruz González, quien se desempeñaba como médica forense del distrito de Katueté, departamento de Canindeyú.
Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández. Foto: Ministerio Público
La decisión fue tomada por mal desempeño en sus funciones. Según la nota remitida por Pablo Lemir, titular de la Dirección de Medicina Legal, la profesional incurrió en varios errores.
Antecedentes del caso:
El 10 de febrero la juez penal de Garantías N° 1 de la ciudad de Katuete, Alcira de Souza Lima Colmán, remitió las actuaciones de la, en ese entonces, médica forense, al director de Medicina Legal a fin de que el mismo, por medio de los mecanismos internos del Ministerio Público, proceda a la verificación y análisis y determinar la existencia de irregularidades.
Entre las acciones descriptas por la magistrada se detalla la negativa de la citada profesional médica de consignar las lesiones sufridas por un procesado.
La jueza percibió y ordenó la realización de la inspección del procesado para garantizar que no han sido producto del exceso por parte de los agentes de la Policía Nacional y a los efectos de que no sean vulnerados los derechos de la persona privada de libertad y de existir omisión o adulteración podría llevar a graves consecuencia al Estado Paraguayo.
Realizaba inspección en su domicilio
Igualmente, se constató que Da Cruz González realizó en varias ocasiones el diagnóstico médico de víctimas de presuntos hechos de abuso sexual en niños en su domicilio particular.
Desde la Fiscalía aseveraron que este hecho por sí solo constituye una mala praxis no solo médico-legal, sino propiamente ya que el domicilio de la misma, no es un centro asistencial donde se pudiera dar una inspección médica en condiciones de cuidado para víctimas y más aún al tratarse de niños y/o adolescentes.
En una causa de violencia familiar, procedió a la inspección de víctima y presunto victimario firmando las actas, una con el sello de médica de guardia y otra con el sello de médica forense. Además, de no efectuar los lineamientos básicos del Protocolo de Estambul, indispensables, en el caso de una valoración corporal, en el marco de un aprehendido.
Igualmente, se constató que Da Cruz remitió informes con diagnósticos psicológicos, sin que ella sea una profesional de salud mental.
Ante estas series de irregularidades, el Fiscal General decidió cesarla del cargo.
