Chase señaló que si se promulga la ley que anula las facturas de los usuarios, el impacto económico para la empresa será de alrededor de Gs. 90 mil millones, dinero con el que no se cuenta y que deberán cubrir con un préstamo.
En el caso de la aguatera estatal, la medida afectaría la facturación de los meses de abril y mayo y la recuperación de este monto se verá recién en 18 meses, según manifestó Chase, postergando así varios proyectos de inversión.
“La ley no prevé el origen de los fondos, entonces, sería (para la Essap) recurrir a la banca privada o al BNF, que no se si tiene esa capacidad. Sería tomar el 100% de la capacidad de crédito que tiene la empresa y anular otros proyectos”, afirmó.
El titular explicó, además, que las inconsistencias denunciadas por los usuarios ya fueron corregidas en su totalidad en mayo pasado, con la normalización de las lecturas y la acreditación de la diferencia.
Finalmente, afirmó que no realizó sugerencias al presidente de la República, sino dio explicaciones sobre el impacto que la ley podría tener, y mencionó que acompañaría el veto parcial si Abdo así lo decidiera.
