De acuerdo a la denuncia realizada ante el Ministerio Público, a través del Sindicato de Integración de Funcionarios del Senado, que estaría al mando Manuel Gamarra y de Raúl Flor, solicitaban préstamos y falsificaban las firmas de los funcionarios. Además, presentaban fotocopia de cédula y la liquidación de salario de los mismos cada mes.
Los afectados se dieron cuenta recién cuando el embargo llegó a la parte jurídica del Congreso. Ellos afirman que están totalmente desamparados por esta situación, ya que algunos tienen 100% de sus salarios embargados.
Los préstamos están por encima de los G. 20 millones, por lo que están pidiendo que se pueda encontrar una salida a esta situación.
Denunciantes. Foto: Unicanal.
Así mismo, pidieron al Ministerio Público que se pueda asignar un fiscal al caso para que se pueda investigar y frenar los embargos.
Algunos, incluso realizaron de forma individual la denuncia para que se pueda hacer algún perito de las firmas.
“Recibimos embargo directo, sin recibir notificación para que podamos comprobar si es o no nuestra firma. No tuvimos tiempo de atajar, nos sacan todo el salario y estamos con saldo cero”, lamentó una de las funcionarias.
