Esto se determinó luego de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Secretaría de Emergencia Nacional, Policía Nacional, Municipalidades y el Senepa, donde se dispusieron los delineamientos de actuación de cada institución, acorde con las normativas vigentes.
Se estableció que los canales de denuncias serán a través de las Direcciones de Aseo Urbano de cada Municipalidad, quienes habilitarán números de celulares para consultas sobre este tema. Además el Sistema 911, donde recepcionarán las denuncias recibidas, a fin de remitirlas a cada municipio.
El Ministerio del Ambiente emitió una resolución donde se dispone que “todo propietario poseedor o ocupante, de cualquier inmueble dentro del área municipal donde se ha detectado brote epidémico de dengue por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en un plazo no mayor a 5 días, deberá proceder a la limpieza del mismo”.
Las autoridades informan a la ciudadanía que en el caso de las Mingas Ambientales realizadas por las diferentes instituciones, los propietarios de inmuebles donde se sospeche cuenta con posibles criaderos de larvas y mosquitos y que se nieguen a colaborar serán denunciados y procesados.
En el caso de los patios baldíos y viviendas abandonadas, se procederá a la notificación de los propietarios obrantes en registros municipales y se les emplazará de 24 a 48 para que limpien los lugares, de no hacerlo, el Ministerio Público abrirá una causa penal contra los dueños.
Estas notificaciones serán remitidas también a todos aquellos locales como charraterias, gomerías y similares que deben adecuarse a las normas ambientales y su incumplimiento será pasible de sanciones penales.
Para las viviendas desocupadas, abandonadas, donde no se encuentre el propietario o éstos no quieran cooperar, se procederá al allanamiento del lugar con una orden judicial y los propietarios serán procesados.
También señalaron que la limpieza de cada propiedad privada es responsabilidad de los dueños y habitantes, por lo que se pide la colaboración de la ciudadanía para no tener que llegar al uso de la fuerza pública y evitar procesos judiciales.
