El fiscal José Silguero formuló imputación contra Eladio Narciso Kemps Rohden de 38 años, productor agrícola de Naranjal quien habría fumigado su plantación de soja sin cumplir los requisitos legales y produjo la intoxicación a una niña de 2 años.
El hombre afronta el proceso por la supuesta comisión de producción de riesgos comunes (hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos) y transgresión a la ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”.
Según el informe del Ministerio Público, los ilícitos se registraron el 26 de noviembre en una finca ubicada en la colonia San Alfredo del distrito de Naranjal, al sur de Alto Paraná.
En esa oportunidad, el sindicado, a bordo de una máquina fumigadora, roció con insecticida la plantación de soja de su propiedad, a escasos cinco metros de una vivienda, perteneciente al padre de la víctima, una menor de edad.
A raíz de la situación, la pequeña de 2 años, supuestamente, sufrió una intoxicación por “órganos fosforados”, según el diagnóstico remitido por el Hospital Regional de Ciudad del Este a la Unidad Fiscal que investiga el hecho.
La menor presentó cuadro de náuseas y vómito desde la noche del 26 de noviembre, quedando internada por tres días.
Según el dictamen del médico forense del Ministerio Público, Dr. Fernando Moreira, dicho cuadro clínico «podría revelar exposición a productos tóxicos, pues se constata síntomas colinérgicos secundarios a la estimulación de los receptores acetilcolinas y alteración anímica, que guardarían relación a dicha exposición».
En prosecución de la pesquisa, una comitiva fiscal y técnicos ambientales fueron hasta la finca del responsable, donde se constató una gran plantación de soja en etapa de crecimiento.
Los investigadores detectaron que el lindero del inmueble con una calle pública no cuenta con la franja de protección de cultivo ni la barrera viva correspondiente.
Igualmente, los intervinientes corroboraron que frente a la plantación de soja hay varias viviendas, que solamente están separadas por una calle.
“Se pudo constatar la inexistencia de franja de protección en el lugar que pueda mitigar el impacto de pulverización con agroquímicos», señala el escrito fiscal.
Tras la consideración de estos elementos, el fiscal Silguero dispuso la imputación del productor agrícola y solicitó al Juzgado Penal seis meses de plazo para concluir la investigación.
