El esquema de estafas de la mafia de los pagarés suma un nuevo capítulo tras la denuncia de una docente con cáncer que afirma sufrir el embargo de su salario de manera injusta.
Docente con cáncer sufre embargo del 75% de su salario a causa de la mafia de los pagarés. Foto: captura
Se trata de Sandra Coronel, de la ciudad de Capiatá, que fue diagnosticada con cáncer y, además de eso, sufre el embargo compulsivo de su salario, por lo que no tiene ni siquiera para seguir su tratamiento.
La docente afirmó que desde el 2014 vive con el sufrimiento de ser víctimas de la mafia de los pagarés tras un préstamo que había adquirido por un monto mínimo que hoy asciende a millones.
“Desde el 2014 comenzó esta pesadilla, el 2014, 2015 y 2016 yo no cobraba ni mil guaraní. En ese ínterin asume el ministro Enrique Riera: él se percata de la situación, entonces él había blindado un 500 mil, ahí comencé a cobrar un poco”, afirmó la docente.
Señaló que ella había firmado un contrato con el Ministerio de Educación para poder cobrar un poco más y así seguir con su tratamiento, pero hoy en día hasta eso le han descontado.
“De ahí comenzaba a cobrar un poco más mi salario, desde hace un año me diagnosticaron cáncer, estoy en la lucha. Yo conseguí un contrato con el MEC hasta noviembre para cobrar, eso ellos no tenían que tocar, porque es un contrato entre nosotros nomas”, afirmó.
Sostuvo que también tiene un hijo con Trastorno Espectro Autista que está privado de seguir un tratamiento de calidad, ya que le embargaron su salario hasta el 75%.
“Grande fue mi sorpresa que el mes pasado tocaron todo, justo cuando el INCAN no tiene medicamentos, mi hijo con TEA, yo con mi cáncer, no tengo para mí tratamiento”, recalcó.
Explicó que el pagaré que ella había firmado en el año 2014, fue de nada más 2 millones de guaraníes, pero como en la mayoría de los casos, fue vendido a otras empresas y hoy en día asciende a 60 millones.
“Yo saque un prestamos de dos millones d guaraníes nomas, pero ellos vendieron, vendieron ese pagaré a otras empresas, lo que ascendió ya a 60 millones”, concluyó.
La docente lamentó que la justicia no brinde una asistencia a las víctimas y aseguró que en la mayoría de los casos los jueces y fiscales están implicados en el hecho, por eso firman los embargos judiciales.
