El fiscal antisecuestro Alberto Torres ordenó este martes la detención de seis policías del Departamento de Homicidios de Alto Paraná por supuesta extorsión de USD 100 mil a una mujer.

Reinalda Santa Cruz Brítez, víctima. Foto: Captura de video

De acuerdo a los datos, los uniformados la habrían detenido por varias horas, manifestándole que tenía una orden de captura internacional y que si no pagaba el monto requerido la extraditarían inmediatamente.

Los agentes que estarían involucrados fueron identificados como los oficiales Karina Caballero y Diego Ayala; los suboficiales Éver Aquino, Rafael Silvero, Hugo Báez y Alfredo Báez.

Los antecedentes señalan que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre, fecha que los policías detuvieron supuestamente de manera irregular y sin ningún motivo a la ciudadana Reinalda Santa Cruz Brítez, domiciliada en Presidente Franco.

En aquel entonces, la víctima circulaba a bordo de su automóvil sobre la avenida Bernardino Caballero y, al alcanzar el barrio Remansito de Ciudad del Este, fue interceptada por los efectivos, quienes estaban a bordo de una camioneta.

Seguidamente descendieron cuatro de ellos, tres hombres y una mujer, todos de civil, quienes exhibieron placas policiales y advirtieron a la mujer que el vehículo en el cual circulaba estaba denunciado como robado.

La víctima les respondió que el rodado había comprado de una playa de autos de la zona y que estaba a nombre de su pareja. Sin embargo, la misma fue obligada a descender y fue trasladada hasta la base policial.

Allí los intervinientes la advirtieron que tenía una supuesta orden de captura internacional y le exigieron el pago de 100 mil dólares para “solucionar” el problema y evitar que sea extraditada.

Posteriormente, llegaron hasta el lugar su pareja, un ciudadano español, y un abogado para asistirle. Tras negociaciones, los agentes bajaron sus pretensiones a 10 mil dólares y el dinero debía ser transferido por el extranjero a una cuenta bancaria.

No obstante, la operación no se pudo concretar debido a que el banco español bloqueó la cuenta, considerando que sobrepasa el monto permitido, que es hasta 3 mil dólares.

A raíz de la situación, no se pudo realizar el pago exigido supuestamente por los policías.

Posteriormente, la pareja cambió de abogado y el nuevo profesional les recomendó denunciar a los agentes por supuesta extorsión. La mujer radicó su denuncia ante el Ministerio Público y facilitó la ubicación del lugar donde fue privada de su libertad como el número de cuenta que le facilitaron los policías para la transferencia.