La fiscala Diana Gaona mencionó que habría una violación al deber de cuidado y que los padres podrían ser procesados. La expectativa de pena para estos padres va de 6 meses a 3 años, y hasta puede haber la pérdida de la patria potestad, según explicó.
Los fiscales señalaron que también abrirán una investigación contra el centro asistencial, ya que existiría una falta de diligencia.
La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, había indicado que los padres de los menores que se encuentran hospitalizados por haber manipulado pirotecnia deben ser “cuando menos, investigados”.
Añadió que las municipalidades deben brindar recursos a las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) para que realicen los controles de la venta de estos productos en la vía pública.
Evitar que los menores manipulen explosivos es parte de la obligación del deber del cuidado, reglamentado en nuestra legislación, recordó la Ministra Martínez. La titular de la cartera de estado admitió que hay fallas con el sistema de control y que las instituciones del estado deben mejorarlo, pero eso no exime a los padres y madres de proteger a sus hijos de situaciones que pueden ser prevenidas.
