Esta noche, el bloque “30+”, conducido por Jorge Torres por las pantallas del Trece, abordó sobre el uso de las tobilleras electrónicas.
Tobilleras electrónicas: Gobierno costeará en caso de insolvencia del beneficiario. Foto: Ilustrativa
Según se dio a conocer, el plan piloto será de 100 unidades en principio, según el Sistema 911 de la Policía Nacional.
Además, las autoridades resaltaron que dentro del proyecto está contemplado que el beneficiario que demuestre insolvencia será exonerado del pago del dispositivo electrónico de control.
Al respecto, Hernán Escobar, director del 911 del Ministerio del Interior, adelantó la instalación de una oficina dentro de la institución para dedicarse exclusivamente a controlar a quienes portan estos artefactos y dar rápido aviso a un equipo especial de respuesta, en caso que se violen las disposiciones otorgadas al beneficiario.
Más sobre el uso de las tobilleras
Estos dispositivos serán implementados con la finalidad de mejorar el sistema de control para aquellos que cuentan con prisión domiciliaria.
De acuerdo a lo revelado en el bloque 30+, se podrá aplicar al control de los condenados trasladados a centros hospitalarios, para la prisión domiciliaria, para la suspensión a prueba de ejecución de la condena, de la libertad condicional, salidas transitorias, régimen de semilibertad, de exclusión del denunciado del hogar por violencia doméstica y para medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia.
El beneficiario debe contar con solvencia económica para la utilización del servicio, salvo se acredite su insolvencia por declaración jurada, que está previsto en el artículo 3 numeral 3 de la Ley.
Igualmente, la normativa establece que, en caso que el beneficiario acredite insolvencia, mediante declaración jurada con presencia de dos testigos podrá acceder a los mismos con exoneración del pago del canon correspondiente.
En otro punto, resalta que para acogerse al régimen de control, la persona debe disponer de una línea telefónica, que permita el control permanente.
Asimismo, el beneficiario deberá permanecer en el perímetro geográfico y en los horarios indicados en la resolución del juez, mantener en buen estado el dispositivo electrónico e informar de cualquier anomalía en el funcionamiento del aparato, entre otras obligaciones.
La medida puede revocarse por el juez que la dictó cuando el beneficiario incumpla las reglas previstas y no podrá volver a ser beneficiado con la misma medida de vigilancia en la misma causa.
Sanciones
Según los datos revelados en el programa La Caja Negra, de Unicanal, el funcionario encargado de controlar el dispositivo que incumpla con su labor, será pasible de la aplicación de las disposiciones previstas en los tipos penales según cada caso, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.
En ese sentido, el Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la Ley, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.
La implementación del monitoreo corresponderá al Ministerio del Interior, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública a través de una oficina de Control Interinstitucional.
