El proyecto que fue aprobado hoy por el Senado contempla la anulación de 1.800.000 facturas, lo que equivale a un monto de G. 75 a 80 millones. La medida podría extenderse hasta por seis meses, o lo que dure la pandemia.
El proyectista fue el senador Salyn Buzarquis, del PLRA, quien solicitó que se vuelva fiscalizar los medidores.
En ese sentido, fue aprobado el artículo 1 que establece la anulación de las facturas de los meses de marzo, abril y mayo que fueron emitidas sin lectura de medidores, y en el plazo de 30 días desde la promulgación, cada ente estatal deberá emitir una sola factura con un monto total correspondiente a los tres meses de consumo, que podrá ser pagado hasta en 18 meses desde el mes de julio.
El artículo 2 prohíbe a ambas empresas la emisión de facturas sin la lectura correspondiente de los medidores, debido a que autoridades de la Ande, al inicio de la cuarentena, anunciaron que las facturas saldrían con base en promedios de meses anteriores y no en la consumición de los usuarios.
El artículo 3 estipula que los pagos de facturas ya realizados previos a esta ley serán descontados automáticamente de las nuevas facturas emitidas.
Los usuarios de energía eléctrica tendrán un descuento de la tarifa vigente, durante 6 meses desde el inicio de la pandemia, y prorrogables de acuerdo a la declaración de emergencia por la pandemia.
Para consumos de 1 a 150 kWh/mes, 90% de descuento de la tarifa vigente; de 151 a 300 kWh/mes, 70% de descuento; de 301 a 500 kWh/mes, 50% de descuento de la tarifa vigente; de 501 a 750 kWh/mes, 25% de descuento; de 751 a 1.000 Kwh/mes, 15% de descuento, de 1.001 a 1.500 kWh/mes, 5% de descuento de la tarifa vigente.
El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
