Tras la imputación presentada en contra de 9 funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Previsión Social, entre ellos también al expresidente de la entidad, Vicente Bataglia, por el supuesto hecho de lesión de confianza, generando un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes, el fiscal Julio Ortiz solicitó la prisión preventiva para los imputados.
La Fiscalía sostiene que hay peligro de fuga. Foto: IPS
El representante del Ministerio Público alegó que existe peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la investigación por parte de los imputados. Así también solicitó el embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de G. 61.000.000.000, además de la inhibición general para vender o gravar bienes.
Además de Bataglia, la lista de procesados continúa con Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel, Juan Manuel Villar y Rosa Colmán. Siguiendo con Jaime Joel Caballero, Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco, entre otros.
Según la investigación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyó que existieron irregularidades para el reacondicionamiento, con suministro e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, adjudicado a la firma Neighpart S.A. por un monto de G. 53.000.000.000. A dicha firma se le habrían otorgado prórrogas y autorizado pagos sin la debida justificación.
El Ministerio Público concluyó que los funcionarios procesados, quienes ejercían funciones de administración, control, dirección y disposición respecto del patrimonio institucional, habrían otorgado prórrogas y suscripto actas de recepción que permitieron a la firma Neighpart S.A. continuar percibiendo pagos, pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse, debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares.
Asimismo, conforme a la Auditoría Interna del IPS, los funcionarios imputados, al no gestionar oportunamente la suspensión del contrato ante la inminente imposibilidad de su ejecución por la falta de liberación del área donde debían realizarse los trabajos, continuaron suscribiendo adendas y actas de recepción, posibilitando pagos presuntamente injustificados a favor de la firma Neighpart S.A., lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social de aproximadamente G. 61 mil millones.
Cabe destacar que se aguarda la resolución del Juzgado Penal de Garantías para la imposición de medidas a los imputados. Los procesados se exponen a penas que van hasta los 10 años de privación de libertad. La Fiscalía solicitó un plazo de 6 meses para concluir la investigación.
