El concejal de Patria Querida, Pablo Callizo, afirmó que la suspensión del proyecto Metrobús respondió a una decisión política y no técnica, al referirse a la imputación fiscal contra el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

Según el concejal Pablo Callizo, la obra del Metrobús no debió suspenderse. Foto: gentileza

Callizo salió al paso de críticas de sectores opositores y colorados abdistas, que lo acusaron de favorecer al oficialismo tras respaldar la acción del Ministerio Público que imputó a Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas.

El concejal sostuvo que, pese a las falencias detectadas en la ejecución, como problemas en la franja de dominio y en la planificación de accesos a Asunción, el proyecto debía continuar con correcciones enfocadas en el corredor principal de transporte.

“Yo siempre tuve la postura clara de que el Metrobús tenía que haber continuado a pesar de los problemas que hubo en cuanto a la franja de dominio, la falta de planificación de los desvíos de entrada; la solución tuvo que ser corregir los errores. No se tomó una decisión técnica, sino política”, señaló el concejal.

El acta de imputación señala que Wiens, al asumir en agosto de 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y asegurar la continuidad del Metrobús, adjudicado a la empresa portuguesa Mota-Engil.

Según el documento, el proyecto registraba un avance físico del 40 %, incluyendo seis estaciones sobre la ruta Mariscal Estigarribia, por las que el Estado desembolsó más de G. 6.924 millones.

Callizo lamentó que, tras 25 años de intentos por concretar la obra, la cancelación haya dejado sin alternativa a usuarios y frentistas, quienes continúan enfrentando problemas de tráfico en el área metropolitana.

“Hace 25 años la gente la sociedad quiere esta obra, nadie logró iniciarla y terminarla, mientras tanto la gente es la sufre todos los días”, añadió.

Recordó que la suspensión se dispuso en 2018 mediante una Mesa de Crisis y que la liquidación del contrato se concretó en abril de 2020, donde ni siquiera se buscó una alternativa.

“Lo peor es que ni siquiera se ofreció una alternativa. Hoy la gente tiene que tragarse el tráfico, y esto va a empeorar cuando se habiliten todas las oficinas del gobierno en la Costanera”, concluyó.