Hasta la fecha, la Contraloría General de la República no ha concluido el examen de correspondencia patrimonial del expresidente Mario Abdo Benítez, iniciado tras el fin de su mandato.
Contraloría no cierra examen de correspondencia de Mario Abdo. Foto: gentileza
Según la información proporcionada por la institución, no se puede terminar el examen debido a la falta de respuestas de instituciones claves como la DNIT, la Seprelad y el Ministerio Público.
Al respecto, el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, explicó que se detectaron irregularidades en las utilidades declaradas por las empresas de asfalto del exmandatario, con más de USD 45 millones no reflejados en su declaración jurada.
“No pudimos culminar el examen de correspondencia porque vimos puntos llamativos dentro del proceso que la DNIT no nos pudo responder y que requerían apoyo de la Seprelad y el Ministerio Público”, señaló Torres.
Recordemos que, meses atrás, medios argentinos revelaron que Abdo y su esposa habrían ocultado USD 21 millones en las Islas Seychelles, hecho que tampoco figura en sus registros patrimoniales.
Torres señaló que el examen de correspondencia consiste en comparar las declaraciones juradas presentadas por un funcionario con los datos oficiales disponibles y que el avance depende de la colaboración de otras entidades.
“La Contraloría solo tiene la declaración, pero dependemos de otras fuentes: Registros Públicos, Ministerio de Economía, casas de bolsa y la DNIT. Sin esos documentos no podemos cerrar el análisis”, indicó.
En contrapartida, el presidente Santiago Peña solicitó voluntariamente la revisión íntegra de su declaración jurada de bienes, como muestra de transparencia a mitad de su mandato.
Torres informó que el proceso ya está en marcha y que podría concluirse en un plazo de 30 a 40 días si las instituciones responden con celeridad a los pedidos de informes.
“Sí, ya se ha iniciado formalmente el proceso de elaboración del examen de correspondencia patrimonial y para ello ya se han solicitado los informes pertinentes a las instituciones competentes, ya sea públicas y privadas, si todas las instituciones responden a tiempo, podríamos tener el dictamen final en 30 a 40 días”, concluyó Torres.
