En la mañana de este lunes, se desarrolló en el Palacio de Gobierno la Cumbre de Poderes, que fue convocada por el presidente de la República, Santiago Peña.
Tras el término de la mencionada reunión, el propio mandatario ofició como vocero para brindar detalles sobre las decisiones que tomaron los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público y Contraloría General.
Tras la Cumbre de Poderes, el presidente Santiago Peña, brindó detalles de lo acordado en la reunión. Foto: Presidencia.
Peña sostuvo que la reunión demuestra el interés del Gobierno en querer aclarar los hechos de corrupción que últimamente habían saltado y también garantizó la libertad de prensa.
“Considerando que el Paraguay ha obtenido el grado de inversión el año pasado, y que está listo para encontrar su lugar en el concierto internacional de las naciones, debiendo demostrar que toma en serio los problemas que aquejan. Es importante dejar en claro que se apoya irrestrictamente el sagrado derecho de información y libertad de prensa”, expresó el presidente.
El jefe de Estado señaló que la lucha contra la corrupción debe ser asumida con mucho compromiso para poder erradicar y que no sea normalizada dentro de la clase política.
“Es importante que la clase política tome conciencia de esta lucha contra la corrupción, que no pertenece a un movimiento o partido, o grupo, sino que es un problema endémico que debe ser, primero asumido para poder ser derrotado después”, puntualizó Peña.
Afirmó que todos los paraguayos merecen contar con una respuesta por parte de las autoridades y de esa manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“El Paraguay es un país grande, infinito en espíritu, como lo demuestra su espíritu llena de gloria, su futuro ilimitado y, sobre todo, su más grande activo, los hijos e hijas de esta tierra que merecen mejores días y una respuesta por parte de sus autoridades”, concluyó.
Puntos resaltantes de la Cumbre de Poderes:
Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto, que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos.
Asumir el compromiso de reafirmar dentro del marco de la independencia de poderes y órganos de que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito, de esa manera los hechos serán denunciados y esclarecidos.
Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia. Pretenden que aquellos comunicadores que denuncien hechos de corrupción cuenten con protección jurídica y física.
Solicitar a la clase política, sin distinción de banderías, movimientos o partidos, a colaborar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción.
Ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos firmantes, seguirán implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción.
Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales.
Insistir en la implementación de la «iniciativa 28» de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada por las autoridades firmantes, la cual se refiere en concreto a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho órgano impulsen y alcancen la aprobación de un reglamento con restricciones para los miembros de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general. Y que las comunicaciones de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con cualquier magistrado deberán ser oficiales y públicas.
