El abogado Ricardo Preda, representante legal de la familia Peña Ocampos, brindó esta mañana una conferencia de prensa para referirse a las denuncias sobre los supuestos “sobres de Mburuvicha Róga”.
Abogado Ricardo Preda, representante legal de la familia presidencial. Foto: Gentileza
En ese sentido, afirmó que la familia presidencial no tomará acciones legales, atendiendo que la denuncia, presentada por un grupo de legisladores opositores sobre supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros, carece de sustento y está basada en suposiciones y hechos que no tienen relevancia penal.
El abogado manifestó que los supuestos indicios mencionados no permiten inferir ningún hecho punible atribuible al presidente Santiago Peña y a la primera dama, Leticia Ocampos.
Según explicó, el hecho adolece de inconsistencia, ya que el acrecentamiento patrimonial que se denuncia del presidente se dio en una época en que éste no ejercía ninguna función pública.
“Los hechos corroborados son: uno que tuvo un acrecentamiento patrimonial y otro es que estaba en la actividad privada. De esos dos hechos corroborados no se permite inferir ningún hecho punible, por lo tanto, no se da el presupuesto que establece la ley para abrir una investigación penal”, mencionó.
En esa línea, complementó: “Denunciar que alguien acrecentó su patrimonio en el sector privado no tiene ninguna relevancia penal”.
Enlace del video: https://x.com/Unicanal/status/1974080136673935803
Con relación al supuesto lavado de dinero, Preda dijo: “Uno no tiene que explicar cómo acrecentó su patrimonio siendo una persona que ejercía una actividad privada, aunque fuese pública, tampoco está obligado a probar que ese origen es lícito, ya que en el marco de una investigación penal el que tiene el deber de recolectar la información si considera que hay que hacerla para sostener una investigación es el Ministerio Público».
“Me parece extraño que legisladores incluso algunos formados en el campo jurídico afirmen hechos que no tienen ninguna relevancia penal”, subrayó el abogado.
Sobre el presunto tráfico de influencias, en cuanto a sus participaciones en una entidad bancaria, Preda aclaró que el jefe de Estado ya no tiene acciones en esa firma. “En ninguna de esas licitaciones donde se le atribuye supuesto tráfico de influencias el que define la cuestión es el presidente”, acotó.
Finalmente, el abogado indicó que el Código Procesal es claro en el sentido de que para abrir una investigación penal tiene que haber indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible, presupuesto que no se da en ninguno de los supuestos hechos atribuidos al presidente Peña.
“En este caso, yo considero que no hay méritos para abrir una investigación penal porque el Código Procesal Penal es claro, se requiere de indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible. Me extraña que legisladores, incluso algunos formados hechos”, sentenció.
