El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, explicó que el proceso de licitación impulsado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la adquisición de muebles escolares chinos, presentaba serias irregularidades.
Según Encina, la DNCP actúa exclusivamente a base de documentos técnicos, sin involucrarse en disputas políticas, y su objetivo primordial es garantizar un proceso transparente y competitivo.

Desde la DNCP aclaran que licitación impulsada por Prieto presentaba serias irregularidades. Foto: gentileza
“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, afirmó Encina.
El director de la DNCP defendió con firmeza la decisión de la entidad de anular la licitación y ordenar la reformulación de los precios de referencia.
Aclaró que, desde marzo de 2021, la DNCP había advertido a la municipalidad de Ciudad del Este sobre la responsabilidad exclusiva de la misma en cuanto a la fijación de precios referenciales.
“Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes”, agregó.
A pesar de este aviso, la administración local no ajustó los precios conforme a las leyes y normativas vigentes, lo que motivó la intervención de la DNCP.
Encina sostuvo que el ente municipal debería estar agradecido por la intervención temprana de la DNCP, la cual anuló la licitación en sus primeras etapas, antes de que se avanzara más en el proceso.
“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, recalcó el funcionario.
Encina resaltó que la DNCP cumplió estrictamente con su rol de ente de control, actuando conforme a las evidencias documentales que indicaban las irregularidades cometidas durante el proceso.