Esta noche, en el «programa 30+», conducido por Jorge Torres, a través de una investigación realizada por el programa «La Caja Negra» reveló cómo la administración de Mario Abdo desoyó orden de Tribunal Arbitral en el caso Metrobús.
El laudo del arbitraje internacional del caso Metrobús resolvió que el Estado Paraguayo pague US$ 16,5 millones a la empresa portuguesa Mota Engil, cuyo contrato fue rescindido durante el gobierno anterior. Según la investigación, entre las causales aparece el error de la administración de Abdo de ejecutar las pólizas, pese a la expresa orden dada por el Tribunal Arbitral de no hacerlo.
Caso Metrobús: negligencia del Gobierno de Abdo costará muy caro, según investigación. Foto: Web.
“Los daños emergentes de Mota Engil”
Según los datos del informe, cuando se realizó el desglose del monto total, el Tribunal resolvió otorgar US$ 4.948.257 por “los daños emergentes de Mota Engil” referentes a la obra; US$ 2.854.317 por montos retenidos indebidamente; casi US$ 1 millón por costos y costas; US$ 2.842.000 en concepto de intereses.
Además del resarcimiento de US$ 5,4 millones por la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y los gastos incurridos por la empresa derivados del incumplimiento del ministerio a las Órdenes Procesales del Tribunal que exigían al Estado que no ejecute las garantías del contrato, pero que de igual forma reclamó las pólizas.
Gobierno de Mario Abdo desoyó la expresa orden del Tribunal internacional
El informe da a conocer cómo el Gobierno de Mario Abdo Benítez, a través del MOPC y la Procuraduría, desoyó la expresa orden del Tribunal Internacional y decidió en julio del 2020 reclamar las pólizas, con lo cual luego se recuperaron US$ 12 millones del Banco Itaú y Royal Seguros.
Esta medida fue realizada pese a que solo dos meses antes la empresa Mota-Engil había solicitado y conseguido una medida cautelar del Tribunal Arbitral conformado por Guido S. Tawil, Claus Von Wobeser y José Emilio Nunes Pinto, quienes ordenaron al MOPC no ejecutar las pólizas y finalizar cualquier intento de cobrar dicho dinero, según la investigación.
El informe apunta a que el 1 de mayo de 2020, el Tribunal, por unanimidad, resolvió entre sus medidas ordenar al MOPC suspender y abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a la ejecución de las Garantías, y mantener a salvo cualquier monto cobrado en virtud de ellas en caso de que la suspensión no haya sido lograda.
Caso metrobús: negligencia del Gobierno de Abdo costará muy caro
🗣️»Lamentablemente se buscó el camino de la venganza política y eso además termina con este problema del tribunal arbitral».
👉José Rivarola, excoordinador del Metrobús.#LCNPy📺 pic.twitter.com/5eNM3EjVXA
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) December 27, 2023
Mota Engil ganó arbitraje a Paraguay de USD16,5 millones
Tras recibir la orden procesal del Tribunal Internacional para que deje de ejecutar las garantías, el Estado paraguayo solicitó una aclaratoria sobre la medida impuesta, y en ese sentido, el tribunal emitió una segunda orden procesal el 29 de mayo de 2020, en la cual reiteraba su orden a la demandada de desistir formal e inmediatamente cualquier pedido de ejecución para lograr la suspensión de los procesos, detalla el informe emitido por La Caja Negra.
En el informe a Royal Seguros S.A. y al Banco Itaú se dispuso que la ejecución de las Garantías se encontraba desistida sin efecto irrevocable, y que presente al Tribunal prueba documental de haber efectuado tales comunicaciones y que ellas hayan sido recibidas en debida forma, a más tardar el 1 de junio de 2020.
Otras disposiciones por parte del Tribunal
Asimismo, ordenaba a presentar una prueba de haber rechazado el pago en consignación realizado por Royal Seguros S.A., a más tardar el 12 de junio de 2020; y realizar, tan pronto le sea posible, todo acto u omisión tendiente a la conclusión de la demanda por pago en consignación con la consecuente devolución de los fondos consignados a Royal Seguros S.A.
Pese a la clara orden dada por el Tribunal, el Gobierno de Mario Abdo Benítez ejecutó la millonaria póliza, lo cual repercutió en el laudo de los miembros que analizaron el caso Metrobús. La negligente y temeraria actuación de la administración anterior, al desoír la disposición arbitral, costará al Estado paraguayo la suma de USD 5,4 millones por la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento y los gastos incurridos por la empresa demandante, cifra que trepa a los US$ 16,5 millones al sumar los demás daños ocasionados por la suspensión de la fallida obra vial.
Excoordinador lamenta ‘capricho de Abdo’
En este sentido, el excoordinador, José Tomás Rivarola, lamentó que el Estado paraguayo se encuentre en la posición de pagar casi USD 17 millones a la empresa Mota Engil.
«Cuando terminó la administración del presidente Horacio Cartes, se entregó una obra que estaba en funcionamiento, que estaba con financiamiento, que estaba con garantía, tenía problemas, pero eran solucionables», afirmó.
El ingeniero Rivarola aseveró que debido al ‘capricho y la venganza política’ continúan las falencias en el sistema de transporte.
«En el caso metrobús, vale la pena recordarlo son proyectos que empiezan en la administración del presidente Lugo, se gestiona crédito con el presidente Federico Franco y las obras empiezan a ejecutarse con el presidente Cartes, son tres administraciones que tuvieron la visión de llevar este proceso adelante, revisándola, corrigiéndola«, puntualizó.
