El presidente Santiago Peña promulgó esta mañana la Ley N° 7.561 de Arbitraje, luego de la reunión mantenida con ministros de la Corte Suprema de Justicia en la sede del Poder Judicial.

Peña promulga nueva Ley de Arbitraje. Foto: Presidencia

De acuerdo a lo informad por el Poder Ejecutivo, esta normativa moderniza el sistema de resolución de conflictos en el Paraguay y fortalece el marco jurídico del país, con impacto directo en la inversión, la actividad económica y el acceso a la justicia más ágil y eficiente.

“Fortaleciendo la seguridad jurídica y la institucionalidad del Paraguay. Hoy promulgamos ante el pleno de la Corte Suprema la nueva Ley de arbitraje”, escribió el jefe de Estado.

“Esta normativa es un paso decisivo en la modernización de nuestro marco legal. Al establecer reglas claras y ágiles para la resolución de conflictos, logramos la descongestión de los tribunales, permitiendo que el Poder Judicial se enfoque en las causas ciudadanas”, complementó.

Además, Peña sostuvo que, para sostener nuestro crecimiento y honrar el Grado de Inversión, “necesitamos brindar garantías y previsibilidad. Esta ley asegura que Paraguay sea un destino confiable para las inversiones que generan desarrollo y empleo digno”.

Más sobre la nueva ley

Establece un marco actualizado para el arbitraje privado, nacional e internacional, permitiendo que las controversias patrimoniales y transigibles puedan resolverse mediante este mecanismo alternativo, siempre que el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional.

Peña junto con los ministros de la Corte Suprema de Justicia en la sede del Poder Judicial. Foto: Presidencia

Así también, la normativa define con mayor precisión qué tipos de controversias pueden someterse a arbitraje, brindando previsibilidad y seguridad jurídica tanto a particulares como a inversores.

Uno de los avances más relevantes de la ley es que los organismos y entidades del Estado, las municipalidades, las sociedades con participación estatal y las entidades binacionales podrán someter a arbitraje sus contratos y diferencias con particulares, siempre que no se trate de cuestiones regidas exclusivamente por el derecho público.

En estos casos, el arbitraje será siempre de derecho y deberá respetar el principio de publicidad, garantizando transparencia en los procesos que involucren recursos públicos.

Las autoridades enfatizaron que el arbitraje no reemplaza al Poder Judicial, sino que actúa como un aliado estratégico para resolver disputas de manera más rápida y eficiente, contribuyendo a descomprimir la carga judicial.

La ley establece reglas claras sobre la intervención judicial, limitándola únicamente a los casos expresamente previstos, como la adopción de medidas cautelares, la ejecución de laudos o su eventual anulación, reforzando la autonomía del tribunal arbitral.