Este miércoles, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley de reforma del transporte público metropolitano de pasajeros, una iniciativa impulsada por Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través del Viceministerio de Transporte.

Santiago Peña promulgó la ley de reforma del transporte público. Foto: Presidencia
La normativa apuesta a modernizar el sistema de transporte público mediante tecnologías innovadoras, modelos de gestión sostenibles y un enfoque que prioriza el bienestar de los usuarios, fortaleciendo un servicio más seguro, accesible y confiable, con mejores tiempos de viaje y mayor previsibilidad.
“Promulgué la ley de reforma del transporte público con la convicción de que cada paraguayo merece un sistema digno, moderno y eficiente. Esta nueva ley marca un antes y un después”, expresó el mandatario.
En otra línea, aseveró que “el transporte es mucho más que buses, es calidad de vida, es respeto a tu tiempo y es la seguridad de llegar a tu destino con comodidad”.

«Esta nueva ley marca un antes y un después”, dijo el presidente Santiago Peña. Foto: Presidencia
Según enfatizó, mediante esta ley se busca que la distancia nunca más sea medida en sacrificio, sino en bienestar.
“Con este paso, el Estado asume su responsabilidad de elevar el estándar del sistema, asegurando que cada compatriota viaje con la seguridad y la comodidad que se merece”, subrayó.
Por su parte, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó que “después de 25 años, esta nueva ley marca una reforma real para la ciudadanía”.

Claudia Centurión, ministra del MOPC. Foto: Presidencia
“Esta es una muestra más de que el Gobierno de Santiago Peña no vino a administrar lo que hay, sino a transformar, porque esta ley es una propuesta de transformación de un servicio que tiene que ser digno, imprescindible, de calidad y con seguridad y previsibilidad para el ciudadano”, añadió.
En esa línea, aseveró que el Estado, con esta nueva normativa, garantiza el derecho y el servicio imprescindible.
Finalmente, afirmó que, así como la salud y la seguridad, el servicio de transporte tiene que estar garantizado los 365 días del año. «Con esta ley, el pasajero deja de ser un rehén y el Estado deja de lidiar con infructuosas extorsiones que se presentan ante una amenaza de huelga», concluyó.
¿Cuáles son los cambios concretos?
Entre los principales cambios se incluyen límites de antigüedad para los buses, impulso al uso de buses de bajas emisiones o eléctricos, fortalecimiento de los derechos de los usuarios, que podrán reclamar en caso de incumplimientos.
Además, resalta una política tarifaria con criterios previsibles, que incluirá subsidios mejor dirigidos, un marco para la integración tarifaria (poder tomar más de un bus pagando un solo pasaje en un tiempo determinado o pagando un segundo pasaje más barato) y descuentos o vales para usos frecuentes.
Se prevé también la creación de un fideicomiso para dar mayor transparencia sobre los pagos a las empresas y la sostenibilidad del sistema.
Un dato importante es que la normativa no implica un aumento automático del pasaje. La tarifa seguirá siendo fijada por el Estado, que mantendrá los subsidios para proteger el bolsillo del ciudadano y evitar que el precio del pasaje se dispare.







