La operación Patrón, que comenzó en Brasil en 2019 con el objetivo de vincular a Horacio Cartes con el caso Lava Jato, se extendió a Paraguay como parte de un presunto esquema para perseguir a enemigos políticos.
Senad inició montaje para perseguir a Cartes y su grupo empresarial. Foto: Gentileza.
La operación, denominada “garrote” político, involucró el uso de recursos estatales de Seprelad y Senad para atacar a Horacio Cartes y su grupo empresarial. Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad) entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de Inteligencia de dicha secretaría revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento.
A partir de noviembre de 2019, se registraron acciones del presidente Mario Abdo Benítez, Dichas acciones incluían el relevamiento de datos, vigilancia, seguimientos, múltiples viajes a diferen¬tes puntos del interior del país como Hernandarias, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un “levantamiento gene¬ral” de todas las empresas del grupo objetivo.
Asismismo, personas influyentes en el Gobierno paraguayo habrían colaborado con autoridades brasileñas para intentar vincular a Cartes en el caso, aunque posteriormente el proceso contra él fue archivado en Brasil por falta de pruebas.
La causa penal relacionada con estos hechos se encuentra paralizada judicialmente debido a diversas tácticas legales presentadas por los abogados defensores de los imputados. Los medios afines al exmandatario han desplegado una intensa campaña para distraer la atención de las acusaciones atribuidas a los procesados.
Cronología de hechos de la Operación ‘Garrote’
El 13 de noviembre de 2019, se desataron los hechos de la Operación “Garrote”, con la filtración de audios por el programa “La Caja Negra”, que develaron acciones del entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, para implicar a Horacio Cartes y sus empresas en esquemas delictivos sin pruebas sólidas.
En una reunión en la Senad, Giuzzio junto a otros funcionarios planteaban un plan para “golpear” al Grupo Cartes, con seguimientos e investigaciones indebidas llevadas a cabo por el SIU (Unidad de Investigación Sensitiva, por sus siglas en inglés) entre finales de 2018 y 2019.
Estos informes eran posteriormente remitidos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), lo que generaba preocupación por un posible uso político de instrumentalizar investigaciones. En paralelo, el 19 de noviembre de 2019, en Brasil se emitía una orden de prisión contra Horacio Cartes en el marco de la operación “Garrote”, iniciando así una serie de eventos interligados entre ambos países.
La situación se complicaba con la actuación del entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, quien contaba con antecedentes en la operación Lava Jato y tenía influencia en las investigaciones que afectaban a Cartes. Pese a los intentos de sectores afines al Gobierno brasileño para implicar a Cartes en delitos, las autoridades judiciales de Brasil finalmente archivaron el caso al no encontrar sustento legal.
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio presentó una denuncia contra Cartes ante la Seprelad, marcando el inicio de un operativo estatal de persecución política contra los opositores del gobierno de Abdo Benítez. Se reveló la existencia de una oficina paralela dentro de la Seprelad dedicada exclusivamente a investigar a Cartes y sus empresas, utilizando información falsa y tergiversada para difamar y sancionar a sus adversarios políticos.
