La Fiscalización especial inmediata de la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Asunción, continúa en curso, en base a las debilidades institucionales detectadas y las denuncias que fueron presentadas.
En cuanto a los indicios de hechos punibles, la Directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, mencionó que a partir de un convenio con el Ministerio Público, se estableció el intercambio de información y cruce de datos con la Fiscal Stella Mary Cano, para avanzar sin demoras en la investigación de ambas instituciones. Si no hay trabas ni limitaciones durante el proceso, el informe final de la CGR estaría listo a fines de febrero.
En la Municipalidad de Lambaré, la novedad que arroja la auditoría inmediata de la Contraloría hasta el momento, es un indicio de hecho punible sobre el proceso de rendición de cuentas del Fonacide que está siendo verificado. Fernández adelantó que tanto Lambaré como Asunción, ya fueron incluidas en el plan general de auditorías que se llevarán a cabo este año.
Además de estos municipios, serán fiscalizados de forma inmediata la Gobernación de Guairá y las Municipalidades de Quiindy, Horqueta, Pedro Juan Caballero, Ypacaraí, Sapucái y Presidente Franco. Esta decisión se dio a partir de varios indicadores de riesgos de corrupción, pedidos de las Cámaras del Congreso y las juntas municipales y departamentales, entre otros elementos, alegó Gladys Fernández.
La primera en ser intervenida es la de PJC, donde se detectó irregularidades en aportes y subsidios a entidades educativas y comisiones vecinales por más de Gs. 4.000 millones en el 2018.
Ya en agosto del año pasado, la CGR advirtió sobre debilidades en los sistemas de control internos e informáticos de más de 160 gobiernos locales y departamentales, que no fueron revertidas por los administradores de turno.
