Paraguay se posiciona como uno de los países más corruptos de América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, publicado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional.
La medición se hace en base a encuestas sobre la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos de obra pública, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos de públicos, entre otros puntos.
El informe da cuenta que:
– Los países con mejores puntuaciones, es decir, en términos de baja percepción de corrupción son Uruguay, Chile y Costa Rica. Fueron calificados como los países menos corruptos.
– En el medio se encontrarían los países con corrupción moderada, tales como Cuba, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Brasil, El Salvador y Bolivia,
– El otro extremo del informe, está integrado por los países con mayor índice de percepción de corrupción y está liderado por Venezuela, Nicaragua, seguido por Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y México.
¿Qué medidas se pueden tomar para revertir esta percepción?
El ministro Anticorrupción, René Fernández, sostuvo que para mejorar estos indicadores, el Poder Ejecutivo creó el Equipo Nacional de Integridad, conformado por Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Ministerio de Justicia, para impulsar propuestas legislativas, tales como la declaración de intereses de los funcionarios públicos para activar mecanismos de inhibición en la toma de decisiones, una ley de lobby que evite los negociados entre grupos económicos y políticos, además de insistir con la publicación de las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de bienes de los funcionarios, que había sido rechazada por el Poder Legislativo.
Transversalizar estas iniciativas solo será posible si se genera una agenda nacional, similar a la que se creó para la evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de manera que los tres poderes del Estado se comprometan, subrayó Fernández.
La ONG TI recomienda también reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes; fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas, así como un mayor control en la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política.
